La defensa del excapitán de la Guardia Nacional (GNB), Juan Carlos Caguaripano Scott, solicitó ante un tribunal del estado Carabobo el sobreseimiento de su causa, al considerar que su caso encaja en los supuestos establecidos en el artículo 8 de la recientemente aprobada Ley de Amnistía.
La petición también incluye a otros cuatro militares vinculados al caso ocurrido en 2017. Según lo difundido por el Comité por la Libertad de los Luchadores Sociales en la red social X, los abogados argumentan que» no existe impedimento legal para excluir a Caguaripano de la aplicación de la norma y que su situación no se encuentra dentro de las excepciones contempladas en el artículo 9 de la Ley».
“Caguaripano y sus compañeros están dentro del supuesto contemplado en el artículo 8 por hechos ocurridos en 2017. Además, tampoco está en las exclusiones del artículo 9”, indicó la organización en su publicación.
El Comité sostuvo que el caso representa una prueba para la Ley de Amnistía y cuestionó su alcance. En el mismo mensaje señaló que, a su juicio, la normativa “no pasa ningún estándar internacional en materia de derechos humanos”, pero agregó que tampoco parece superar “las pruebas que ponen los propios casos que pretende amnistiar”.
Sobre su caso
Caguaripano fue capitán de la GNB. En 2014 fue dado de baja del componente militar luego de manifestar públicamente su desacuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro y denunciar presuntas «irregularidades» dentro de la institución armada.
El 6 de agosto de 2017 encabezó el asalto al Fuerte Paramacay, en el estado Carabobo, acción que denominó “Operación David Carabobo”. En un video difundido ese día, apareció junto a un grupo de hombres armados y llamó a la conformación de un gobierno transitorio. El hecho fue calificado por el Ejecutivo como un «acto terrorista».
Fue detenido el 11 de agosto de 2017 en Caracas. Desde entonces ha permanecido bajo custodia del Estado. Inicialmente estuvo recluido en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin) conocida como “La Tumba” y posteriormente fue trasladado a El Helicoide. En los últimos años ha sido mantenido en el centro penitenciario Rodeo I.
Su defensa y familiares han denunciado presuntas «torturas y tratos crueles» durante su detención, señalamientos que han sido elevados ante instancias internacionales. En abril de 2022, el Comité contra la Tortura de la Organización de Naciones Unidas solicitó información al Estado venezolano sobre su situación.