La sede nacional del PSOE, situada en la calle Ferraz de Madrid, ha sido objeto de una actuación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que se ha personado en el lugar por orden del juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. La diligencia se enmarca en una investigación judicial en curso relacionada con una supuesta trama destinada a interferir en procedimientos judiciales vinculados al partido o al entorno gubernamental.
Según la resolución judicial, los agentes han requerido al partido diversa documentación y material digital, incluyendo información sobre la actividad institucional de determinados exdirigentes, agendas, comunicaciones corporativas, registros de acceso a la sede y datos sobre gastos de representación, viajes y comidas.
La causa investiga presuntos pagos realizados por el Psoe a Leire Díez, en relación con posibles campañas orientadas a difundir información contra jueces, fiscales y miembros de las fuerzas de seguridad. En paralelo, se analiza la posible existencia de una estructura organizada destinada a influir o desacreditar procedimientos judiciales sensibles.
Leire Díez, que da nombre a la investigación, es una exmilitante socialista que ha sido señalada en otros procedimientos por su presunta participación en un plan para desacreditar a responsables de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción. Ella niega cualquier conducta ilícita y sostiene que las acusaciones responden a una campaña de desinformación.
El procedimiento no se limita a una única persona. El juez ha ampliado las diligencias a varios investigados, entre ellos el exsecretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el empresario Javier Pérez Dolset, el exalto cargo andaluz Gaspar Zarrías, el abogado Ismael Oliver, el letrado Jacobo Teijelo y el guardia civil Juan Sánchez Yepes. También figura la gerente de la Secretaría de Organización del partido, señalada por su presunta participación en la emisión de documentación contable irregular y en otras posibles actuaciones relacionadas con la causa.
La investigación continúa abierta y se centra en esclarecer el alcance de los hechos y las posibles responsabilidades dentro del entramado que está siendo analizado por la Audiencia Nacional.