El gobernador de Carabobo, Rafael Lacava, anunció que pagará 1.000 dólares a quienes suministren información “correcta y fidedigna” sobre la ubicación de granjas de minería de criptomonedas que operen en la entidad, en medio de la crisis eléctrica que afecta al país.
El mandatario regional explicó que la medida busca identificar instalaciones que estarían elevando significativamente el consumo de energía en circuitos considerados prioritarios, donde funcionan hospitales y otros servicios esenciales.
“Yo voy a pagar mil dólares por cada información correcta y fidedigna que me haga llegarle a gente que está minando”, afirmó Lacava, quien habilitó un número de WhatsApp para recibir denuncias y solicitó, de ser posible, fotografías de los equipos utilizados para la actividad.
El gobernador reconoció que Carabobo enfrenta un “drama eléctrico” y aseguró que las investigaciones adelantadas por las autoridades no han permitido ubicar con precisión las instalaciones dedicadas a la minería digital.
Prohibición nacional de la minería digital
La oferta de recompensa se produce en un contexto de restricciones nacionales contra esta actividad. El gobierno de Delcy Rodríguez reiteró recientemente que se mantiene la “prohibición absoluta” de la minería de criptomonedas en todo el territorio nacional y advirtió que quienes la practiquen de forma ilegal serán sancionados.
De acuerdo con cifras oficiales, el sistema eléctrico venezolano registró el 7 de mayo una demanda de 15.579 megavatios, la más alta de los últimos nueve años.
Las autoridades atribuyen el aumento del consumo a las altas temperaturas y al crecimiento económico, mientras especialistas sostienen que la crisis responde principalmente a años de desinversión, falta de mantenimiento y casos de corrupción.
No es la primera vez que Lacava llama a la ciudadanía a colaborar para detectar granjas de criptomonedas. En 2024 ya había solicitado a los vecinos reportar instalaciones sospechosas, aunque entonces no ofreció incentivos económicos.
Dos años después, el gobernador redobla su estrategia y recurre a una recompensa en dólares para intentar desmantelar estas operaciones, a las que responsabiliza de agravar la fragilidad del sistema eléctrico en Carabobo y en el resto del país.